La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó al Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubón, vetar la Ley de Ejecuciones Penales y Reinserción Social, porque contraviene tratados internacionales de derechos humanos y las reformas constitucionales relacionadas con el sistema de justicia penal.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, considera también que dicha norma afecta puntos recomendatorios emitidos por la CDHDF, que en su momento fueron aceptados, y es contraria a las líneas de acción en la materia contenidas en el Programa de DHDF.
En la convicción de la CDHDF, es preciso pasar de un derecho penal de autor, que genera sanciones por quien es la persona y no por lo que hizo, a un derecho penal de acto, que sanciona y castiga por los hechos delictivos específicos que fueron materia de prueba durante el juicio y de razonamiento en la sentencia.
Luego de su análisis del Decreto de Reforma a la Ley, la CDHDF considera necesario que el Ejecutivo Local lo observe en su totalidad, toda vez que su estructura impone una fuerte tendencia del derecho penal de autor que introduce los estudios técnicos de personalidad, lo cual está en conflicto con el acto jurídico en virtud del cual ha sido condenado.
Ya desde la reforma penal de 1983 y en la de 1994, el Derecho Penal abandonó las tesis del “peligrosismo” y de los estudios de personalidad para fundamentar la individualización de la pena únicamente en la declaración de culpabilidad.
Es necesario armonizar los procesos legislativos de la ciudad de México con el deber de proteger a la persona frente a actos que constituyan violaciones a los derechos humanos dentro de los que se incluye el derecho a la reinserción social de la persona sentenciada, así como que a la compurgación de la pena el resultado sea su liberación.
Mediante el principio de la reinserción social, la persona sentenciada tiene derecho a que la institución penitenciaria le garantice el respeto de todos sus derechos y, por ende, su derecho al trabajo, a la capacitación para el mismo y a la educación.
La prisión en una democracia se propone afectar lo menos posible a las personas presas, porque reconoce que la pérdida de la libertad deambulatoria tiene efectos en el ejercicio de otros derechos.
Edmundo Olivares Alcalá
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