El estado de Texas parecía decidido este jueves a llevar adelante la controvertida ejecución de un ciudadano mexicano, pese a las peticiones de aplazamiento por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México.
La ejecución de Humberto Leal, de 38 años, está prevista para las 18H00 locales (23H00 GMT) en la prisión de Huntsville, Texas. Leal fue declarado culpable de la violación y asesinato de una adolescente de 16 años en 1994, pero el mexicano niega los hechos.
A pocas horas de su ejecución, Leal contaba sólo con dos recursos: una conmutación de su pena a cadena perpetua o un aplazamiento, que pueden ser otorgados por el gobernador republicano Rick Perry o la Corte Suprema estadounidense.
México afirma que Leal no dispuso en el momento de su arresto de ayuda consular, lo que viola la Convención de Viena.
La familia del condenado espera por su parte con ansiedad que Perry 'haga justicia' y suspenda la ejecución.
'No perdemos la esperanza... tenemos confianza en que las autoridades verán las cosas como deben de ser y harán justicia', dijo a la AFP Alberto Hernández, tío político de Leal, en la ciudad de Monterrey (norte de México), mientras que sus padres y hermanos esperan en Texas, donde hace dos días la Junta estatal de Indultos y Libertad Condicional negó posponer la ejecución.
El reo es uno de los 51 mexicanos encarcelados en Estados Unidos a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitido en 2004, que estipula que sus derechos consulares fueron violados.
Sin embargo, uno de estos condenados, José Ernesto Medellín, fue ejecutado en 2008 en Texas, lo que originó una nota de protesta de México al país vecino.
'Si hubiese beneficiado de ayuda consular, probablemente Leal no habría sido declarado culpable y mucho menos condenado a muerte', escribió su abogada en un comunicado transmitido a la AFP.
La cancillería mexicana ha solicitado que se suspenda la ejecución. A la solicitud de clemencia se han sumado los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales.
Leal afirma ser inocente, y su equipo de defensa argumenta que fue condenado con evidencias falladas.
La defensa dice que la joven asesinada se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol y murió accidentalmente al caer sobre una roca cuando Leal trataba de ayudarla tras ser violada en una fiesta.
En una rara intervención, el más alto representante del gobierno estadounidense en la Corte Suprema, Donald Verrilli, pidió a la corte perdonar la vida de Leal, aduciendo que su ejecución provocaría 'un daño irreparable' a los intereses estadounidenses.
'Este caso implica intereses de política exterior de Estados Unidos del más alto orden', escribió Verrilli el viernes en una carta dirigida al máximo tribunal.
La ejecución 'tendría serias repercusiones para las relaciones internacionales de Estados Unidos, en la cooperación policial y otros asuntos de cooperación con México, así como en la posibilidad de los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero de tener los beneficios de la asistencia consular en caso de detención', escribió.
El gobernador Perry --un firme defensor de la pena de muerte que está considerando una carrera a la Casa Blanca en 2012-- deberá basarse en la decisión de la comisión estatal de gracias, que votó cuatro contra uno contra un aplazamiento y por unanimidad contra una conmutación de la pena.
La Corte Suprema no ha indicado todavía si fallará antes de la ejecución de Leal.
Amnistía Internacional y varios ex diplomáticos estadounidenses y militares han pedido asimismo frenar la ejecución.
Mientras tanto, Leal cumplió la noche del miércoles con el último deseo que se concede a los condenados a muerte, con una cena que consistió en seis piezas de pollo frito acompañadas de salsa pico de gallo (jitomate, cebolla y ají picados), tres tacos de carne asada y tres de guisado, un plato de legumbres y dos bebidas gaseosas, según su familia.
WASHINGTON
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