El ministro de Defensa Rodrigo Rivera explicó el lunes una declaración del presidente Juan Manuel Santos quien afirmó que sería destruida 'cualquier casa que sea utilizada por los terroristas' en sus ataques, lo que causó una polémica por sus expresiones.
Rivera aclaró a la prensa que serán destruidas aquellas casas o inmuebles cuando se pruebe que desde esos lugares la guerrilla instaló francotiradores para atacar a la fuerza pública, pero advirtió que ese procedimiento sólo se pondría en práctica luego de agotar un proceso legal ante las autoridades competentes.
'A esa clase --entre comillas-- de casas es a las que se refería el señor presidente ayer (domingo) cuando dio la orden de destrucción de esas mamparas o 'cambuches''', dijo el ministro.
Las declaraciones de Rivera, en la sede del Ministerio de Defensa, sirvieron para aclarar lo dicho la víspera por el presidente Santoa en el sentido de que 'la fuerza pública va a destruir cualquier casa que sea utilizada por los terroristas para atacar a la fuerza pública o a la población civil'.
Las declaraciones de Santos causaron malestar entre organismos defensores de derechos humanos.
Gustavo Gallón, director de la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, se mostró sorprendido y criticó lo anunciado por el jefe de Estado, por considerar que los habitantes de una casa pudieron sufrir una coacción o incursión de la guerrilla en la vivienda.
'¿Por qué tiene que asumir el gobierno que es voluntario el asunto?', se preguntó Gallón.
La declaración de Santos que provocó polémica fue con relación a ataques de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el sábado anterior dejaron al menos tres muertos y 60 heridos en varias regiones del departamento de Cauca, en el suroeste del país.
Esos ataques a tres poblaciones, según Santos, se dieron porque los rebeldes saben que 'la fuerza pública no puede atacar' o responder el fuego si proviene desde objetivos civiles. Dijo que se comprobó nuevamente que las FARC utilizaron varias casas como refugio para evadir la respuesta de la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa explicó que 'los videos (de los presuntos ataques) los vamos entregar a la Fiscalía para... obtener explicaciones de los dueños de las casas; si no son satisfactorias, llegaremos incluso a la extinción de dominio de esas casas que han sido utilizadas con propósitos criminales'.
Agregó que 'si encontramos que hay una especie de 'cambuches' o de mamparas que aparentemente son casas, pero que realmente son escondites de los terroristas, los vamos a destruir'.
Añadió que, aparte de la Fiscalía, los videos también serán conocidos por la opinión pública 'para que la gente conozca la naturaleza de esta confrontación: cómo se están utilizando casas reales o aparentes para disparar contra la fuerza pública y para tratar de impedir una reacción apropiada' por parte de las fuerzas del orden.
La situación más grave del sábado se registró en el municipio de Toribío (Cauca), a unos 320 kilómetros al suroeste de Bogotá, donde los rebeldes hicieron estallar a una cuadra de la alcaldía un autobús que cargaron con cilindros de gas a los que usualmente agregan metralla y que utilizan como morteros artesanales. Allí murieron un policía y dos civiles, según las autoridades.
El resto de heridos fue en otros municipios también hostigados el sábado.
Ante la delicada situación de orden público en Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, anunció a través de su oficina de prensa que el lunes se desplazará a la mencionada región de Colombia, 'por tiempo indefinido' para dirigir las operaciones militares contra las FARC.
Bogotá
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