
Esta semana que comienza estará marcada por la desolación que dejó la cruenta matanza cometida por el crimen organizado y la reanudación de las actividades ordinarias en las dos cámaras legislativas. Además, se espera que el Presidente de la República, Felipe Calderón, entregue su quinto informe de gobierno en medio de la mayor turbulencia social que se recuerda desde el año de 1968, año en el que representantes de todos los sectores sociales, quienes exigían un mejor presente, fueron silenciados por las balas y enterrados en la historia de la impunidad.
Cuatro décadas más tarde, nuestra triste realidad parece empeorar en proporción al paso de los sexenios. Los cerca de 50 mil muertos y más de 100 millones de mexicanos sumidos en el terror, se vislumbran como los resultados únicos de la “guerra contra el crimen” declarada abiertamente por Calderón. Incluso, el ex presidente Vicente Fox sugirió, con desparpajo, convocar a una tregua entre el Estado y grupos criminales, atreviéndose a considerar una amnistía con los medios para frenar la violencia, hecho que sin duda refiere la amnesia de la que es presa el ex mandatario, al olvidar que es él corresponsable de la desatada violencia.
Las palabras nunca serán poca cosa, no es lo mismo “dar” que “pedir”, en la guerra por lo general el que la va ganando es el que “otorga la tregua”, situación que se ve lejana, prácticamente inalcanzable, además de que las circunstancias del Gobierno Federal no lo hacen permisible. De ninguna manera puede entregarse la bandera ante lo que se ha pregonado y golpeado al pueblo, si sucediera se corre el riesgo de que le hagan jaque al rey. Y nosotros -los peones-, debemos sobreponernos al clima de terror e inseguridad que nos priva.
El curso propedéutico de los funcionarios al mando ha salido más que caro para la sociedad, donde la ineptitud y corrupción son la constante. Funcionarios preocupados más por el “hueso”, próximo a cazar, que por dar resultados y alcanzar la unidad con el presidente es nuestro panorama real. Los 50 mil muertos son una responsabilidad histórica de gobiernos priístas y panistas por un flagelo al que cerraron los ojos y que ahora nos pasa la factura. Los tres niveles de gobierno se tiran la bolita unos a otros. El exceso de 500 diputados y 128 senadores convertidos en verdaderos “ninis” de la ley, ni trabajan, ni dejan trabajar, limitándose a reducir su poder al blof de la política y al jetset de las revistas, dejando en el abandono a quienes los hemos elegido, bajo negociaciones poco claras.
Se avecina la elección federal, las preguntas son simples y sus respuestas complejas, ante el fracaso de la política y los políticos demagogos. ¿Con qué argumentos los candidatos nos convencerán para votar por uno u otro?
Los discursos ramplones ya no son suficientes para mitigar el dolor de las víctimas, como ocurre a las familias regiomontanas, tres días de luto nacional no resarcirán ningún daño, hay familias que tienen cinco años de luto. El sentir de la mayoría por estas violentas acciones es un sentimiento de orfandad, de incertidumbre por la ausencia de lo más preciado y que pugnamos por su regreso, la paz social.
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