
Las auditorías que sigue aplicando la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la Cuenta Pública, a las delegaciones políticas Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, sacaron a la luz un sin fin de irregularidades.
La delegación Miguel Hidalgo, que encabeza Demetrio Sodi de la Tijera, del PAN, tuvo un total de 30 recomendaciones, y ahora la Comisión de Vigilancia de la ALDF los llamará a cuentas para que expliquen las irregularidades.
Los principales hallazgos detectados se refieren a que no proporcionó, la dependencia, evidencia documental que soporte las reducciones al presupuesto original de subfunciones prioritarias.
Así mismo los expedientes de las adjudicaciones carecen de documentación, al igual que el soporte documental de 23 estimaciones relativas a ocho contratos.
Sobre la inspección física de la obra realizada en el Cendi-Faro, se encontró con desperfectos, y diversas obras no se registraron en el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal (GDF), ni se ha comunicado a la Secretaría de Finanzas capitalina.
Los funcionarios menores no contaron con la autorización del jefe delegacional para celebrar un contrato a través de la Partida 3211, Subrogaciones, por nueve millones 10 mil dos pesos.
Dos casos similares se presentaron en la Partida 3802, Espectáculos Culturales; uno por un monto mínimo de 223 mil hasta 338 mil seis pesos, y el otro por dos millones 985.4 mil pesos.
Respecto a los programas Centros de Desarrollo Infantil, Orientación a la Ciudadanía, Empleo, Emprendedores y Servicios médicos veterinarios, no se encontró la documentación que compruebe que los servicios fueron otorgados.
Por otra parte, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública, que la Contaduría Mayor de Hacienda (CMA), que presentó ante la Comisión de Vigilancia de la ALDF la delegación Azcapotzalco, que encabeza Enrique Vargas Anaya, del PRD, de la Izquierda Nacional Democrática (IDN), tuvo un total de 55 recomendaciones.
Los principales hallazgos detectados por el órgano de fiscalización se refieren a irregularidades en diversos contratos al adjudicar directamente obra pública por 533 mil 373.3 mil pesos.
En cinco contratos no se llevaron a cabo los convenios por trabajos extraordinarios y en cuatro más el área encargada de la construcción de las obras no las entregó a los responsables de operarlas.
La delegación tampoco implementó las bitácoras electrónicas para tres contratos que fueron formalizados con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSR). Suscribió un contrato para realizar la instalación del sistema de aire acondicionado en el Centro Internacional de Negocios Azcapotzalco, que al momento de la verificación no estaba operando.
Edmundo Olivares Alcalá
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