Con la finalidad de brindar certeza jurídica para el control, operación y responsabilidad de las empresas de seguridad privada existentes en la capital, urge una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal (LSPDF), para incluir, además de las 620 empresas registradas hasta el día de hoy en el padrón de la secretaría a los elementos que proporcionan este tipo de servicios de manera independiente.
Los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Carlos Flores Gutiérrez y Guillermo Huerta Ling, señalaron que de acuerdo con cifras de Coparmex, entre el 12 y 20 por ciento del gasto operativo de las empresas establecidas en la ciudad es destinado a la contratación de servicios de seguridad privada, lo que representa una derrama económica de entre 2.5 y 3 mil millones de pesos para este tipo de cuerpos privados.
“En el Distrito Federal muy poco o nada se sabe sobre el personal de las empresas de seguridad privada, su historial, la cantidad y tipo de armamento con que cuentan y la condiciones jurídicas con que están operando. Mientras Marcelo Ebrard siga siendo incapaz de contener el crecimiento delictivo, este tipo de empresas seguirán siendo rentables”, agregaron.
El presidente y el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, respectivamente, indicaron que la iniciativa contempla la creación y actualización de un padrón de empresas y personas autorizadas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, para la prestación del servicio, el cual será público y cuya consulta será de carácter obligatorio para quien pretenda contratar este tipo de empresas.
“La propuesta establece que la empresa o patrón que contrate personal para servicios de seguridad privada que no estén registrados, será corresponsable de los delitos que su empleado cometa. En este sentido, penalmente implicará ser procesado y alcanzar hasta tres cuartas partes de la sentencia otorgada al delincuente”, puntualizaron.
Destacaron que con estas reformas se establecen candados para evitar que policías y miembros de las fuerzas armadas puedan participar en la formación de estas empresas. Actualmente, comentaron, éstos no pueden ser parte de los cuerpos operativos, pero nada les impide ser dueños.
Huerta Ling cuestionó que el presupuesto de más de 6 mil millones de pesos destinados en cuatro años a las cámaras de seguridad ha sido ineficaz, toda vez que el secuestro ha crecido 132 por ciento, en tanto que algunos tipos de robos se han incrementado hasta 140 por ciento, respecto a las cifras que Marcelo Ebrard encontró en la ciudad al tomar la jefatura de gobierno.
Edmundo Olivares Alcalá
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