La Secretaría de Relaciones Exteriores debe intervenir para evitar que se cancele la ciudadanía estadounidense a cuatro millones de niños y jóvenes, hijos de migrantes, nacidos en Estados Unidos, señaló el diputado del PRD José Marciano Torres Robledo. La defensa de nuestros connacionales en el extranjero debe ser un acto de soberanía, legalidad y congruencia, apunto.
Urge que el Estado mexicano fortalezca su protección y defensa de sus migrantes en Estado Unidos de América, toda vez que ha endurecido sus políticas de persecución con un alto saldo de muertos, encarcelados, familias destruidas, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe intervenir para facilitar la legalización de niños y jóvenes indocumentados que viven en el país del norte.
Torres Robledo consideró que en esta temporada hay un gran movimiento de migrantes, por lo que es necesario que esta dependencia del gobierno federal se dirija diplomáticamente ante el Congreso estadounidense a efecto de que éste adopte las disposiciones necesarias para facilitar se regularice la ciudadanía de estos cuatro millones de niños y jóvenes indocumentados que viven allá en estricto apego a las leyes de ese país y del respeto a los derechos humanos.
Transformar a los migrantes ilegales, por su sola calidad de migrantes, en delincuentes, “va contra la esencia elemental de los derechos humanos, con mayor razón cuando se aplica en perjuicio de niñas, niños y jóvenes”, explicó.
Torres Robledo recordó que a la fecha el Congreso de Estados Unidos no se ha podido poner de acuerdo sobre las reformas a las leyes migratorias que permitan la legalización de los indocumentados, a pesar de que los hijos de inmigrantes mexicanos representan 43 por ciento de los niños que nacen en el exterior con padres de México.
En tal virtud, por lo menos cinco millones de menores corren el riesgo de que sus padres sean deportados afectando sus derechos humanos, constitucionales y civiles, como lo son sus derechos a la identidad, a tener una familia y, en ocasiones, a la vida y a la salud.
Sin embargo, los propios niños y jóvenes han sido o pueden ser objeto de deportación sin importar su calidad migratoria, en franca agresión, no sólo a la legislación internacional sino a la propia legislación norteamericana sobre la materia.
En este franco desconocimiento del marco legal, destaca la Ley SB1070 de Arizona, existiendo el riesgo de que se replique en otros estados de este país, por lo que no es legal ni justo que niñas, niños y jóvenes vivan en la absoluta inseguridad jurídica.
En ese sentido, 79 por ciento o casi cuatro de cada cinco de los 5.1 millones de hijos de inmigrantes indocumentados menores de 18 años nacieron en Estados Unidos y por ello tienen la ciudadanía, que ahora se les busca negar. Varios legisladores apoyan una iniciativa que intenta suprimir el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados nacidos en el país.
Esto lleva a la urgencia de pedir al Congreso de aquel país adopte las disposiciones necesarias para facilitar la regulación migratoria de las niñas, niños y jóvenes de origen mexicano que han nacido en Estados Unidos, o desde la más tierna edad han llegado a vivir a este país.
A este respecto, representa un avance el proyecto denominado Dream Act, que busca la legalización de estudiantes indocumentados que hayan ingresado al vecino país del norte antes de los dieciséis años, tengan por lo menos cinco de estancia en este país, no tengan antecedentes criminales, se hayan graduado de secundaria o su equivalente, y completen al menos dos años en la universidad o presten servicio militar.
Desafortunadamente este proyecto no obtuvo los votos necesarios en el Senado para continuar su debate recordó el diputado del PRD.
El legislador del sol azteca consideró que todos los países del mundo tienen por raíces la migración y el mestizaje, Estado Unidos no es la excepción; por tanto el respeto y la multiculturalidad son parte central de la convivencia dentro de la cultura universal de los derechos humanos. “Con mayor razón cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes hijos de migrantes, cuya tutela y apoyo para su desarrollo debe ser tarea de todo país y de toda la humanidad, sin importar su localización geográfica pues el compromiso ético hacia ellos no está en dependencia de ésta”, concluyó.
Luz María Sánchez Alonso
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