Francisco Medina
La senadora María de los Angeles Moreno explicó que su experiencia como legisladora le permite afirmar que es indispensable para el país una política de Estado en materia alimentaria. Muchas naciones del mundo, al padecer y darse cuenta de la importancia del tema, han creado instituciones para asegurar su abasto en este rubro, México no puede ser la excepción, dijo.
Es prioritario que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal, “nos avoquemos en el propósito de establecer, en el corto y mediano plazos, una política de Estado sobre este capítulo”, abundó la legisladora, quien señaló que las crisis en las economías de las naciones, muchas de las veces también han desembocado en problemas relativos a la alimentación.
Precisó que es indispensable prever el futuro inmediato y de mediano plazo, para asegurar la necesidad de una política de Estado en el renglón de la alimentación.
Al respecto, recordó que el Congreso de la Unión cumplió con su responsabilidad de legislar en favor de millones de obreros del país; esto, indicó luego de aprobar como voluntaria la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, quien también anotó que la norma fue aprobada por unanimidad, tras de varios meses de discusión sobre el tema. Aseveró que justicia social es la principal probidad de dicha ley.
Al darse el visto bueno a la iniciativa, dijo, México se coloca a la vanguardia de otras naciones que ya cuentan con programas de ayuda alimentaria para millones de personas asalariadas, es el caso de Brasil, país que ha marcado un gran avance sobre la materia.
Senadores y diputados, que en el Congreso de la Unión representan los intereses de millones de trabajadores organizados, siempre se mostraron convencidos para impulsar y aprobar dicha ley, precisó la senadora.
Definió que con el apoyo y participación de los demás sectores de la producción (empresarios y gobierno federal), los legisladores hicieron factible otra más de las conquistas sociales para la gente asalariada, referida a la Ley de Ayuda Alimentaria, que beneficiará a más de 15 millones de trabajadores.
La senadora Moreno Uriegas expuso que es una iniciativa que va más allá de comedores; es una propuesta de apoyo a la clase asalariada del país, norma que inicia con los trabajadores formales (apartado “A”), debido a que es un grupo que resulta más accesible, más fácil de identificar porque los obreros están en nómina, tienen prestaciones.
A partir de la norma, “queremos que de ésta surjan otras iniciativas, pues basta que la nueva Ley de Ayuda Alimentaria se convierta y sea la base en la toma de decisiones en políticas de Estado sobre el tema”,
La ley asegura una alimentación sana, una nutrición correcta para los trabajadores, de acuerdo con su sexo, con su edad, con el lugar donde esté y con la labor que desarrollen.
Otros conceptos son en el sentido de que, básicamente, es una prestación que puede darse de varias maneras para hacerla accesible a cualquier tipo y tamaño de empresa.
Puede recurrirse a vales de plástico, de papel; puede recurrirse también a comedores dentro de la empresa, si es que tienen el espacio y la forma de hacerlo o bien, a generar los espacios para que, aunque no se dé allí la alimentación, los trabajadores lleven sus alimentos y los puedan tomar en una área que no sea en la banqueta o en la calle, como suele ocurrir.
La ayuda puede ser otorgada con base en una canastilla de alimentos, misma que deberá estar supervisada para que sea balanceada, que tenga los nutrientes adecuados y que puede, además, ser no solamente para el obrero, sino para su familia, con lo cual se mejora el poder adquisitivo familiar.
Y por otro lado, ya en vigor la norma, se empezará a generar una cultura de la alimentación y nutrición sanas para los niños, para las mujeres. En fin, para toda la familia, de acuerdo con sus necesidades.
La norma marca que se puede recurrir a concesiones con restaurantes o fondas, que estén dispuestos a afiliarse al esquema de un programa alimentario; se puede hacer también “una contraprestación por mes o por quincena y, desde luego, esto implicaría acciones de supervisión para que haya comida sana y para que el aceite no se use varias veces” porque contamina y afecta la salud de las personas.
Asimismo, la ley tiende a formalizar los “changarros” instalados en la calle porque al tener una demanda de comidas o alimentos asegurada, pueden convertirse en establecimientos formales, con la higiene, con la calidad, con la limpieza y, desde luego, pagándole los impuestos correspondientes al fisco; es decir, a la Secretaría de Hacienda.
Con relación a la ayuda, habría un sacrificio fiscal para apoyar esta prestación a los trabajadores, en tanto que los patrones empleadores tendrían derecho a deducir -contra ISR o el IETU– lo que corresponda hasta un salario mínimo general, de acuerdo a la zona que corresponda, y esto les aliviaría la parte que corresponde a ese pago.
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