El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), debe aplicar la ley y sancionar a quienes no hayan acatado la orden del retiro de propaganda política de militantes, aspirantes, legisladores, ciudadanos y sobre todo funcionarios públicos que invadieron las calles y espacios públicos de la Ciudad de México.
El presidente del PAN-DF, Obdulio Ávila Mayo, dijo que en algunas partes de la ciudad, como en la delegación Cuauhtémoc, la propaganda de Agustín Torres y Alejandro Fernández, éste último ya se creé jefe delegacional, siguen en la calle.
También sigue la propaganda de Alejandra Barrales, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, y no solo en su distrito sino también en las delegaciones Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Otras más.
Como Presidente de dicha comisión, la diputada del PRD, Alejandra Barrales debe de poner el ejemplo de respeto a las leyes y es la primera en violarlas.
Las circulares enviadas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), a los jefes delegacionales sobre el acuerdo del IEDF, limpiar el Distrito Federal de las toneladas de propaganda política abierta o disfrazada, podrían quedar como las “llamadas a misa” si no se cumple con la orden y no se faja los pantalones para que se acate la orden.
Ávila Mayo lamentó la tibieza del IEDF y del GDF para aplicar el Reglamento Regulatorio de Propaganda Institucional y Gubernamental, la Ciudad debió haber sido limpiada de la propaganda desde el pasado 13 de octubre.
“Resulta inconcebible que estamos apunto de terminar el mes de octubre y el GDF advierte que ahora “la Contraloría General del Distrito Federal a través de sus órganos internos de control vigilará el estricto cumplimiento del retiro de la propaganda”, dijo.
Esta petición será otra llamada a misa, porque todo mundo sabe que este órgano de control se convirtió en el archivo muerto de las denuncias en contra de los funcionarios públicos.
Ávila Mayo dijo que solo el PAN-DF ha presentado media docena de denuncias en contra de funcionarios públicos por diversas violaciones a la ley y hasta el momento “la Contraloría General ni nos ve ni nos oye, porque no ha dado respuesta alguna y seguramente están en el congelador del Contralor Ricardo García Sainz o están formando parte del archivo muerto de la dependencia”.
Edmundo Olivares Alcalá
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