Considerar al agua como un derecho humano y un recurso ambiental, fue el tema recurrente entre diputados, especialistas y académicos en el foro El Derecho Humano al Agua y el Modelo al Agua y el Modelo de Gestión que lo Garantiza, organizado por la Comisión Integral del Agua de la ALDF para analizar la iniciativa de Reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal presentada por el GDF.
Hubo pronunciamientos contra la descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), porque esta no garantiza la suficiencia presupuestaria para resolver el suministro del vital líquido o que no requiera recursos de otras áreas del Gobierno local.
El diputado Alejandro López Villanueva se pronunció contra la privatización del agua y eliminar los subsidios ante la crisis de abasto que existe en el Valle de México, ya que representaría jugosos negocios para los empresarios y afectaría la economía de los que menos tienen.
La académica de la UNAM, Claudia Sheinbaum, advirtió que descentralizar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México no garantiza los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la demanda porque siempre requerirá presupuesto de otras áreas del gobierno. La iniciativa del Jefe de Gobierno, dijo, no establece al agua como un recurso ambiental, por lo que pidió reconocerlo así y no como un servicio con necesidades de infraestructura.
Al defender al agua como derecho humano, se pronunció contra la concesión de la operación estratégica del servicio, es decir, la planeación, explotación, transporte y suministro.
Por su parte, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, pidió a los legisladores ser más cuidadosos al dictaminar la iniciativa para no caer en responsabilidad internacional, por regresividad en materia de derecho fundamental al agua. Las modificaciones legales que se proponen están en contra del estado de derecho y contrarias a la lógica de la democracia constitucional, violan el derecho internacional de los derechos humanos al imponer políticas regresivas prohibidas por normas universales.
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