Qué lejos han quedado los tiempos de las declaraciones del nada célebre Germán Martínez Cásares cuando lo nombraron secretario de Función Pública, y orgulloso pregonaba la caída de peces gordos (situación que nunca se dio). El tiempo y las malas decisiones partidistas de Acción Nacional lo llevaron a ocupar la dirigencia nacional de ese partido, con desastrosos resultados, y es que a lo largo de “priato”, los hechos de corrupción eran lo cotidiano, con la búsqueda constante de no dejar huellas, tapar y solapar mediante la continuidad en el poder. Así, varios funcionarios fueron orgullo del nepotismo, haciendo fortunas a costillas de dinero público.
La definición de una conducta escandalosa y corrupta varía según la época y el lugar. La corrupción es un tema de investigación social difícil de abordar, uno de los escollos a los que se enfrentan es la recopilación de datos fiables y de manera sistemática sobre actividades ilegales, es decir, la documentación de la cual se carece de una verdadera cultura, pero lo que es un hecho innegable es que los actos de corrupción son racionales e inclusive se ha enquistado la frase: ‘el que no transa no avanza’. Y nos enteramos de los grandes escándalos, sin embargo, los que los funcionarios de mandos medios y bajos tejen igual laceran las arcas.
Por eso son importantes los esfuerzos que realizan los tres niveles de gobierno para combatir este flagelo: unos proponen más que otros, unos realizan más que otros, en el caso del Gobierno Federal, con la secretaría de la Función Pública, ha logrado objetivos y ahorros por más de 9 mil millones de pesos, sin embargo la pinza no está cerrada, ya que esta secretaría no tiene dientes para sancionar eficientemente. Es por eso que el congreso debe rectificar y dar facultades (cabe mencionar que se había propuesto su desaparición por parte del Ejecutivo).
Por otro lado, se ha aprobado en la Cámara de Senadores, por 90 votos a favor, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo para premiar a ciudadanos y funcionarios que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos. Con esto la SFP se encargará de otorgar beneficios económicos de acuerdo con su presupuesto, para quien proporcione información cierta, suficiente y relevante para la acreditación de conductas irregulares. Sin embargo, se corre el riesgo de convertirse en cazarrecompensas y acusar utilizando el montaje para obtener corruptamente recursos, por lo que debe trabajarse en el tema.
Trabajo hay mucho, tiempo poco, mas cuando se vive el otoño de la administración del Presidente Felipe Calderón, qué ha pasado con la corrupción en la SEP, en Pemex, Miguel Angel Yunes y su administración en el ISSSTE, el IMSS, todas y cada una de las dependencias del gobierno. Los estados deben pugnar también por una cultura de transparencia, como no sucede en el Distrito Federal y el Estado de México, donde se esconde la información de las magnas obras públicas y la promoción de sus gobernantes. La reflexión de siempre, es muy fácil caer en la corrupción, lo complicado es mantenerse incorrupto y estoico.
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