La semana pasada fue discutido y aprobado el paquete presupuestal 2011 para la Ciudad de México. Los legisladores capitalinos se dieron a la tarea de definir los destinos de los más de 137 mil millones de pesos que, a proyecciones de la Secretaría de Finanzas capitalina, habrá de recaudar la autoridad fiscal local.
El proceso de planeación, organización y ejecución del gasto no es tan sencillo como pudiese parecer. El ejercicio presupuestal está sujeto a reglas estrictas de control que deben ser observadas a cabalidad, so pena de que los titulares como los encargados directos de ejercer los recursos del erario, incurran en responsabilidades administrativas y penales. Sin embargo, el proceso de asignación de los montos presupuestales no obedece a una lógica tan estricta ni, mucho menos, a una lógica a mediano y largo plazo.
La autorización de la proyección de ingresos, así como la asignación de los montos de gasto para los órganos, entidades e instituciones gubernamentales, está sujeta a una lógica estrictamente política, pues es labor exclusiva de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, lo que hace que los esfuerzos de planeación, programación, organización y evaluación, se vean sujetos exclusivamente a las voluntades de los representantes populares.
La idea de establecer un mecanismo de autorización por parte de la representación popular obedece al mecanismo democrático moderno de establecer pesos y contrapesos que eviten, en la medida de lo posible, las tentaciones autoritarias de parte de la autoridades distintas a los órganos de representación, en un escenario en el que la pluralidad fuera una garantía para buscar el bien público y evitar la imposición de visiones únicas que trasgredan el objetivo primigenio del gobierno: la búsqueda del bien público.
Sin embargo la realidad nos ha bofeteado implacablemente. La representación popular se ha distanciado del objeto noble del bien público y han pervertido esta práctica parlamentaria, transformándola en una rebatinga por obtener pesos y centavos para la consecución de sus fines eminentemente políticos en pos de grupos, camarillas y visiones partidarias cortoplacistas que obedecen –en el mejor de los casos– a objetivos políticos específicos, que implican el sacrificio de las funciones esenciales del estado y del gobierno.
Hoy las cuestiones electorales se sobreponen a la actividad gubernamental. Así, programas como el de establecimiento de comedores populares, la entrega de ayudas y subsidios sociales, la entrega de despensas, víveres y el abaratamiento de los servicios públicos, tienen mayor valía que los temas de seguridad pública; procuración y administración de justicia; salud y obra pública. Visiones miopes y cortoplacistas hacen de la función pública un trabajo pauperizable en el que la implementación de “limosnerismo oficial” tiene preponderancia sobre la eficacia y profesionalización de las instituciones del Estado.
Así iniciamos el año 2011, con presupuestos menguados en pos de presuntas reivindicaciones sociales, con llamamientos a la austeridad en un continuo y permanente despilfarro de recursos públicos para fomentar la dádiva oficial sobre el impulso a las actividades económicamente redituables, alejándose reiteradamente del bien público en rédito a pretensiones políticas egoístas y de grupo.
Andrés A. Aguilera Martínez
andres.a.aguilera.m@gmail.com
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