Para inhibir la corrupción, la desviación de recursos económicos, las irregularidades de los servidores públicos capitalinos en la adquisición de bienes y servicios a particulares, el GPPAN en la ALDF propuso al Pleno la Ley de Vigilancia Ciudadana y Transparencia en los Procesos de Compras Gubernamentales del Distrito Federal, con lo que se abatirá los actuales procedimientos de adjudicación directa o invitación restringida.
Así lo informó el diputado Guillermo Huerta Ling, Secretario de la Comisión de Transparencia de la Gestión, quien precisó que este precepto contempla la figura legal de “Testigos Ciudadanos” que participarían y vigilarían los procesos de contratación y adquisición pública. La Ley contempla también la creación de una Unidad de Vigilancia Ciudadana, que dependería del Instituto de Acceso a la Información Pública (Info DF)
Huerta Ling, aseguró que esta propuesta nace como una necesidad para combatir la corrupción, ya que los gobiernos locales no han querido o podido erradicarla de sus procesos administrativos. “Los Testigos Ciudadanos, dijo, dependerán del Centro de Vigilancia y Transparencia en los Procesos de Compras Gubernamentales, y se integrará por 7 miembros: 4 académicos, 2 propuestos por la ALDF y 1 por el Jefe de Gobierno”
Los académicos serán seleccionados de una terna, por la UNAM, el IPN, la UAM y la UACM, con lo que se obtendrá calidad, honestidad y credibilidad, quienes permanecerán en el cargo sólo 4 años, para evitar compromisos electorales o políticos.
Guillermo Huerta detalló que la propuesta de Ley exigirá al jefe de Gobierno –en turno- bajo qué criterios técnicos y económicos se realizan las distintas licitaciones o adjudicaciones directas, para “amarrarle las manos” al gobierno central, a sus dependencias y a los 16 jefes delegacionales para no gastar discrecional u opacamente los presupuestos de la Ciudad de México.
miércoles, 9 de noviembre de 2011
Propone la fracción panista la Ley de Vigilancia Ciudadana en los Procesos de Compras Gubernamentales
Propone la fracción panista la Ley de Vigilancia Ciudadana en los Procesos de Compras Gubernamentales:
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