Francia implementa nuevo plan de ajuste fiscal

Francia implementa nuevo plan de ajuste fiscal: Francia implementa nuevo plan de ajuste fiscal:

Francia adoptó hoy un nuevo plan de ajuste fiscal destinado a mantener el objetivo de reducción de su déficit público con lo que pretende ahorrar 100,000 millones de euros en los próximos cinco años.
El primer ministro, François Fillon, fue el encargado de anunciar el nuevo paquete de medidas, que combina los recortes de gastos y ayudas sociales con el aumento de determinados impuestos, con el objetivo de lograr el equilibrio de las cuentas en el 2016.
El proyecto es más ambicioso que el anunciado el pasado 24 de agosto, cuando se adoptaron medidas para ahorrar 11,000 millones de euros.
Fillon justificó las medidas en el riesgo de una quiebra y en la amenaza de que el incremento desmesurado de la deuda lleve a las agencias de calificación de riesgos a retirarle a Francia la nota triple A.
Esto ya que Moody’s ya amenazó con retirar la máxima calificación al país, que a finales de septiembre pasado debía el 86.2 % de su Producto Interior Bruto.
La segunda economía de la zona euro, después de Alemania, quiere así alejarse de la incertidumbre que pesa sobre la deuda soberana de otros socios de la divisa europea.
El plan de ahorro se basa, a partes iguales, en restricciones presupuestarias y en el aumento de los ingresos. De este modo para 2012 en país galo un descenso del gasto de 1,500 millones de euros.
El ahorro conducirá al recorte de algunas ayudas sociales, como las destinadas a la compra de vivienda, así como a la limitación de subvenciones y ayudas sociales.
Pero la medida estrella es el adelanto de la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación, una de las medidas más protestadas del Gobierno cuando fue adoptada en el pasado otoño y que ahora será acelerada.
El Gobierno había previsto ir retrasando de forma progresiva la edad mínima de jubilación, para situarla en 62 años en 2018, frente a los 60 actuales. Ahora, lo adelanta un año.
También se subirá el impuesto sobre el valor agregado que pasará del 5.5 % actual al 7 %, un incremento que no afectará a los productos alimentarios ni a la energía.