martes, 6 de septiembre de 2011

Interponen representantes de los pueblos originarios del DF querella ante la CNDH contra la SCT por

Interponen representantes de los pueblos originarios del DF querella ante la CNDH contra la SCT por: Interponen representantes de los pueblos originarios del DF querella ante la CNDH contra la SCT por:


Los coordinadores territoriales, subdelegados, representantes comunales y ejidales de los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras acompañados por el Diputado Horacio Martínez Meza, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes de la ALDF, presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por el proyecto carretero Arco Sur.
Este es impulsado con el objetivo de comunicar a los Estados de México, Morelos y Puebla, y consiste en la construcción de una autopista de seis carriles de 62 kilómetros de longitud, entre el entronque La Venta, en la autopista México-Toluca, encontrar la autopista México-Cuernavaca a la altura de Topilejo y de ahí a la México-Puebla, como parte del anillo exterior de la ciudad de México. Sin embargo, la obra traerá varias afectaciones, como fuerte impacto ambiental en una región de vital importancia para la Ciudad, pues el trazo del proyecto fraccionaría la Sierra de Chichinautzin, importante vaso de recarga del acuífero del Valle de México, detonando el desarrollo inmobiliario. Esté hábitat presta otros servicios ambientales, como la captación de dióxido de carbono.
En el texto de queja se exhorta a la CNDH establecer las medidas precautorias, para garantizar que la SCT no violente el derecho de los pueblos originarios a tener información oportuna y veraz, a ser consultados para la obtención de su consentimiento, así como tutelar su derecho a la integridad de sus tierras y territorio.
Martínez Meza aseguró que debe observarse en todo momento los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen la obligación del Estado mexicano, ha consultar a los pueblos originarios para obtener su consentimiento previo, libre e informado o llegar a un acuerdo en las medidas a proponer, sean de carácter legislativo o administrativo, como es el caso del Proyecto Carretero Arco Sur.

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